MEJORAS EN LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, UN NUEVO IMPULSO PARA UNA VERDADERA REFORMA DEL ESTADO

Autor: Alfieri Bruno Lucchetti Rodríguez

La simplificación administrativa es una de las políticas públicas que ha sido uno de los pilares la reforma del Estado, la cual ha venido dándose desde los años 90; sin embargo, esta reforma no ha concluido y debe de ir acompañada con el fortalecimiento de la reforma de servicio civil; así como, el fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos en las distintas materias en las que comúnmente realizan su labor cotidiana.

En ese sentido, la novísimas modificatorias que se han realizado a la Ley del Procedimiento Administrativo General han hecho hincapié en tres aspectos que considero son los más importantes.

El primero es que se ha incorporado los avances de la ciencia y la tecnología, a través del uso de notificación electrónica y en el futuro de la creación de nuevas plataformas informáticas por los distintos organismos que forman parte de la Administración Pública. Al respecto, una de las dudas que se planteaban en este tipo de emplazamientos electrónicos era la necesidad de acreditar la receptividad de estos documentos. En ese orden de ideas, se ha optado por otorgar un plazo de dos (2) días para garantizar que la persona que han sido notificadas a través de esta vía se acredite que han tomado conocimiento del acto administrativo que ha sido emplazado. En ese sentido, considero que resulta adecuado el avance que se ha realizado en este aspecto, lo cual en el futuro debe ir acompañado con la generalización del uso de la firma electrónica.

En segundo lugar deben de destacarse las modificatorias que se han hecho en continuar con el reforzamiento de los procesos de la eliminación de las barreras burocráticas ilegales o carentes de razonabilidad, aplicándose dos enfoque que se deben de considerar complementarios a este procedimiento. Estos son el reforzamiento de las metodologías relacionadas a la implementación de criterios de calidad regulatoria y de intercultural de los procedimientos administrativos. Sobre la calidad regulatoria, más allá del contenido técnico que este tiene, debe de considerarse que es un mecanismo que busca prevenir la presencia de regulaciones que no respondan a conceptos objetivos, que permitan delimitar la normativa y los procedimientos que de por si son necesarios en un Estado que fomenta una Economía de Mercado. De ahí que, este esfuerzo debe ir de la mano con la interculturalidad, que deben incorporarse como un rasgo sintomático que deben tener los distintos procedimientos administrativos que se manejan en los niveles de gobierno que forman parte del Estado Peruano.

En tercer lugar, las mejoras que tienen como propósito garantizar el principio de confianza legítima en las distintas actuaciones que el Estado Peruano realiza a través de la Administración Pública, es un avance que debe desatacarse. Al respecto, algunas precisiones relativa a la aplicación de instituciones como la nulidad de oficio para los Consejos y Tribunales Administrativos , así como el reforzamiento de figuras como el silencio administrativo y la emisión de un Texto Único de Procedimientos Administrativos de manera estándar, permiten acercar al ciudadano en sus distintos niveles de Gobierno; sin embargo, no debe de dejarse de lado la necesidad de realizar una verdadera transformación de la Administración Pública con la formulación de una nueva ley orgánica que regule esta y determine la normativa aplicable para los distintos sistemas administrativos y funcionales del Estado, lo cual es una tarea pendiente en la reforma estadual.

Finalmente, considero necesario concluir este espacio haciendo una precisión a las demandas que impone una verdadera reforma del Estado en sus distintos niveles, que no solo abarca a la norma del procedimiento administrativo. Es preciso que se considere importante establecer incentivos para que los mejores accedan al trabajo público. En ese sentido, al igual que los noventas es momento de cambiar los paradigmas en materia estatal. Una verdadera Escuela de la Administración Pública debe ser incorporada y reglamentada. Una política de bonificaciones no solo económicas sino profesionales son los mejores incentivos para la profesionalización de las labores de los servidores del Estado. Debe considerarse esta como una tarea pendiente.