Michael García Coronel

Abogado experto en temas de Criminalidad Organizada por la Universidad Complutense de Madrid – España 

Junio 2020

 

Enfrentarse al crimen organizado, es un trabajo constante, continuo, sin descanso, sin cuarentena, sin inmovilización y sin toque de queda, porque las organizaciones criminales en su condición de “empresas ilícitas”, están muy atentos a las oportunidades que el “mercado” ofrece. Es por esto, que en tiempos de cuarentena e inmovilización social, el crimen organizado encontró la oportunidad de promover “mercados nuevos” y darle mayor dinámica a otros “mercados” que eran poco visibles pero siempre estuvieron presente, como estaría sucediendo con la industria farmacéutica e incidiendo como frecuentemente ocurre, aprovecharse de las arcas del estado, por intermedio del delito de corrupción de funcionarios; en esa misma línea, se estarían manteniendo  las otras actividades ilícitas del narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y la tala ilegal de madera, entre otros, que tampoco estuvieron en cuarentena. 

Que las organizaciones criminales, continúen con sus actividades ilícitas y aperturen nuevos mercados, era una posibilidad muy alta, pese al periodo de inmovilización social; sin embargo; más de una institución del Estado, ingresó por inocencia o desconocimiento a un estado de “cuarentena”, sin considerar mínimamente que el Crimen Organizado se mantendría en actividad.

Este panorama de inocencia y desconocimiento, se refleja por ausencia de un plan nacional o regional de prevención, ante la programación por parte del Estado, en desembolsar fondos económicos para atender la Emergencia Sanitaria por la Pandemia del CORONAVIRUS, a los Ministerios, Gobiernos Regional y Municipal, pese a los antecedentes delictivos de más de un funcionarios, en años recientes pasado. Este panorama, no fue prevenido y su consecuencia, al parecer es la existencia de actos de corrupción y otros delitos que recientemente se van conociendo. El diseño de un Plan de Prevención, hubiese permitido reducir los riesgos o evitar cualquier afectación patrimonial y/o económico en perjuicio del Estado por parte de las organizaciones criminales o bandas criminales.

En ese sentido, la presencia del crimen organizado, para apoderarse del “mercado económico” (presupuesto estatal) era casi evidente, porque el movimiento económico, es por alta suma de dinero, que fueron transferidos a las distintas instituciones públicas. Ahora, al tener referencia que la corrupción, es un gran problema en nuestro país, por su aparente presencia dentro del sistema estatal, es un factor que no permite o dificulta activar las prevenciones y reacciones apropiadas dentro de las instituciones involucradas contra el Crimen Organizado, así como las estrategias para identificar la existencia de organizaciones criminales, bandas criminales o las recientes organizaciones que se vienen constituyendo, para no perder la mínima oportunidad de beneficiarse ilícitamente de los fondos públicos. Sin embargo, ante la amenaza de la corrupción, los responsables de conducir las instituciones públicas, deben tener la sabiduría para no verse restado o imposibilitado de actuar, porque la corrupción no solo está en la “compra de voluntades”, también se encuentra en el desconocimiento por parte del funcionario, que debe actuar sin ignorancia.

Respecto a los antecedentes delictivos por parte de funcionarios que arrasaron los fondos del Estado, era eminente el aprovechamiento ilícito del dinero estatal, que iría a suceder por parte de organizaciones criminales o bandas criminales. Recordemos que en los últimos años, diversos titulares de Municipios y Gobierno Regionales, así como altos funcionarios, vienen siendo condenados o procesados por el delito de organización criminal, ventilándose algunos de ellos, dentro del marco de la Ley N°30077 Ley contra el Crimen Organizado, pese a esta información abierta o de conocimiento público, las instituciones responsables con capacidad de prevenir el crimen organizado, no realizaron acción alguna, salvo excepciones. Esta realidad nos demostraría que, pese a encontrarnos en una situación donde peligra nuestra salud y la vida de las personas, las organizaciones criminales no tienen el más mínimo reparo en respetar los intereses de la sociedad, para ellos no existe “cuarentena” ni “toque de queda”.

Otra muestra de pasividad o letargo, por parte de nuestras instituciones en la lucha constante contra el crimen organizado, es el poco debate o débil intervención en las recientes modificatorias que se hicieron en el Código Penal, Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y la Ley contra el Crimen Organizado, porque el alcance de estas modificaciones, también favorece a integrantes de las organizaciones criminales. Por ese motivo, debió buscarse espacios de análisis, permitiendo la intervención de profesionales, expertos que ejercen de manera directa e indirecta la lucha contra la Criminalidad Organizada.

Uno de esos espacios de discusión, se hubiese desarrollado, con anterioridad a la vigencia de la Ley N°31020, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia penal, procesal penal y penitenciaria a fin de establecer medidas para el deshacinamiento de establecimientos penitenciarios y centros juveniles por riesgo de contagio de virus COVID-19. Porque, los debates que se hubiesen realizado durante el corto plazo que otorgó el Congreso al Ejecutivo, hubiese sido infructuosa a cualquier análisis. Reafirmo, las instituciones responsables, debieron liderar la apertura de debate con anterioridad, para no estar expresando desacuerdos luego de promulgada o en vigencia de los paquetes legislativos. Por ese motivo, así como existen instituciones que juegan un rol importante contra el Crimen Organizado que vienen actuando con desidia y lentitud, al afrontar el fenómeno criminal, existen instituciones que son mucho más hábiles, las mismas que deben ser imitadas.

Tal vez, otros de los esos factores, que no permite afianzar y mantener el compromiso para erradicar o reducir a su mínima expresión al Crimen Organizado, así nos encontremos en cuarentena o no, es la presencia de funcionarios que no expresan compromiso o por una débil experiencia, no permite que estos funcionarios se desenvuelvan apropiadamente en los escenarios que requiere la lucha contra el crimen organizado. Creemos que las personas o funcionarios que van conducir u orientar la ruta contra el Crimen Organizado, deben tener un conocimiento que comprenda mínimamente el Sistema de Justicia Penal, el universo normativo, el panorama delictivo nacional y trasnacional, así como la gestión estatal y privada, caso contrario solo se atenderé en modo reacción y no prevención, que al parecer eso vienen sucediendo en estos tiempos.

Recordemos que el crimen organizado, tiene expresión de voluntad para cometer sus actos ilícitos en forma grupal; por tanto, el Estado quien se encuentra al frente de la vereda, debe promover conciertos de voluntades con fines ilícitos, de prevención y reacción, para eso están los funcionarios responsables, cabeza de equipo humano y líderes que deben tomar decisiones idóneas, para derrotar a la mínima presencia del Crimen Organizado. Sin embargo, por cuestiones poco entendible, se advierte la carencia de decisiones correctas.

En conclusión, de lo señalado, me permite inferir que existen instituciones (con contadas excepciones) cuyo interés en la lucha contra el crimen organizado es mínima y lenta, que podría reflejarse por falta de liderazgo y poca lealtad de los funcionarios que conducen estas instituciones, de mantener este sistema de conducción, el Crimen Organizado, siempre estará un paso adelante, peor aún (al parecer estaría sucediendo) conviviríamos por su aparente legalidad.