Paulo Cesar Diaz Jimenez

Abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – Lambayeque. Egresado de Maestría en Ciencias Penales por la Universidad de San Martín de Porres – Lima. Jefe de Práctica de la Universidad Sedes Sapientiae – Nueva Cajamarca.

Sumario: 1. Introducción, 2. Antecedente normativo, 3. Objeto y fin, 4. Cesación de prisión preventiva por mínima lesividad, 5. Revisión de oficio de la prisión preventiva, 6. Incorporación de nuevos criterios para valorar la cesación de prisión preventiva ya existente, 7. Incorporación de la remisión condicional de la pena, 8. Simplificación de los beneficios penitenciarios y redención excepcional de la pena, 9. Conclusiones.

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  • Introducción

 

Ante los pedidos de la ciudadanía que conoce de cerca la problemática penitenciaria por amistades o familiares privados de la libertad, por las protestas de internos en los establecimientos penitenciarios y por las solicitudes de cesación de prisión preventiva, beneficios penitenciarios y demandas de hábeas corpus postulados por los abogados defensores, aunado a la preocupación de algunos funcionarios de órganos constitucionalmente autónomos, incluso dos jueces supremos propusieron un proyecto de directiva de medidas urgentes con motivo de la pandemia del COVID-19 ante la Presidencia del Poder Judicial, con todo ello convirtieron en tema de discusión y de agenda del Estado la disminución de la sobrepoblación en los establecimientos penitenciarios y a la fecha se ha promulgado una norma sobre dicho tema. El presente trabajo, no incluye el desarrollo de las medidas adoptadas respecto de la justicia juvenil.

 

 

  • Antecedente normativo

 

En el marco de la Emergencia Sanitaria a nivel nacional decretado mediante D. S. N° 008-2020-SA que trajo consigo la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional decretada mediante D. S. N° 004-2020-PCM; fue con la finalidad de efectivizar el procedimiento especial de conversión de penas privativas de libertad por penas alternativas en ejecución de condena, para condenados por incumplimiento de obligación alimentaria, que se promulgó el Decreto Legislativo N° 1459, trayendo como novedad la conversión automática de la pena privativa de libertad por una pena alternativa con la sola certificación del pago realizado ante el juez sin mediar el desarrollo de audiencia; promulgándose también el D. S. N° 004-2020-JUS que establecía supuestos especiales para la evaluación y propuesta de recomendación de gracias presidenciales en el marco de dicha emergencia sanitaria, y si bien técnicamente es indudable que los procesados no pueden acceder a gracias presidenciales, pues solamente opera para sentenciados, sectores de la sociedad no entendían como es que para agentes cuya responsabilidad ya había sido determinada o aceptada sí se adoptaban medidas para procurar el egreso de los recintos carcelarios, sin embargo para los procesados a quienes todavía les asistía la garantía de la presunción de inocencia, todavía no habían luces de regulación que vele por ellos.

Pese a la entrada en vigencia de las dos normas referidas durante el estado de emergencia, ni todo ello traía significativos números de egresos de los internos, más que los esfuerzos de los abogados defensores para que en el contexto de la emergencia sanitaria postulen los pedidos ya establecidos en la norma procesal, utilizando los argumentos plasmados en casos emblemáticos en los que se evaluó la amenaza a la salud, integridad física y vida de los presos preventivos, mientras dichos pedidos se tramitaban, mediante Ley N° 31020 se le delegaron facultades al Poder Ejecutivo, para que por un plazo de siete días calendarios desde su entrada en vigencia, legisle en materia penal, procesal penal, ejecución penal y justicia penal juvenil, facultad con la que se tuvo a bien promulgar el Decreto Legislativo N° 1513 del que se espera un visible impacto positivo en el deshacinamiento de la población penitenciaria, para reducir las posibilidades de un contagio masivo con el COVID-19 de las personas privadas de libertad, y también de los servidores que trabajan en establecimientos penitenciarios y centros juveniles e indirectamente de la ciudadanía en general.

 

  • Objeto y fin

 

El D. Leg. N° 1513 tiene por objeto establecer un cuerpo normativo que regulan supuestos excepcionales de cesación de prisión preventiva, remisión condicional de pena, beneficios penitenciarios, de justicia penal juvenil y sus procedimientos especiales. Mientras que el fin es impactar positivamente en el deshacinamiento de la población penitenciaria y de centros juveniles a nivel nacional, para preservar la integridad, vida y salud de las personas internas en establecimientos penitenciarios y centros juveniles, y de manera indirecta, la vida e integridad de los servidores que trabajan en estos centros, y de la ciudadanía en general, con una reducción de posibilidades de contagio.

 

  • Cesación de la prisión preventiva por mínima lesividad

 

La cesación a la que hace referencia el artículo 2° del D. Leg. N° 1513, desde la perspectiva del principio de lesividad y de mínima intervención, mientras que la primera implica que el Estado interviene exclusivamente para proteger bienes jurídicos, la segunda vela porque dicha intervención debe ser subsidiaria. 

El Fiscal Superior y catedrático Alonso Raúl Pena Cabrera Freyre, nos enseña que:

“El bien jurídico se concibe como el límite material de las leyes penales, dicha perspectiva de política criminal garantiza, que solo en su nombre se conminen con pena, los comportamientos que generan la mayor perturbación social. (…) En este orden de ideas, el principio de “mínima intervención”, se dirige a que el Derecho penal sirva de elemento de contención ante una desmedida pretensión punitiva del Estado, de servir de tutela al ciudadano y de una racionalización de respuesta al delito, esta es la única vía por la cual podremos garantizar un Derecho penal democrático y humanista

El extinto jurista Cesare Beccaria, nos dejó entre su legado, las siguientes líneas:

“Toda pena, dice el gran Montesquieu, que no se deriva de la absoluta necesidad, es tiránica; proposición que puede hacerse más general de esta manera: todo acto de autoridad de hombre a hombre que no se derive de la absoluta necesidad, es tiránica. (…) Fue, pues, la necesidad quien obligó a los hombres para ceder parte de su libertad propia; y es cierto que cada uno quiere poner en el depósito público sino la porción más pequeña que sea posible, aquella solo que baste a mover los hombres para que le defiendan. El agregado de todas estas pequeñas porciones de libertad posibles forma el derecho de castigar: todo lo demás es abuso y no justicia; es hecho, no derecho”.

 

  • Presupuestos

 

Esta variante de la cesación de la prisión preventiva está dirigida para todos los internos que se encuentren con mandato de prisión preventiva, que cumplan con los siguientes presupuestos:

  • En el proceso no se le impute ninguno de los delitos regulados en los siguientes artículos: 106°, 107°, 108°, 108°-A, 108°-B, 108°-C, 108°-D109°121°-B, 122°-B,148°-A, 152°, 153°, 153°-A, 153°-B, 153°-C, 153°-D, 153°-E, 153°-F, 153°-G, 153°-H, 153°-I, 153°-J, 168°-B, 170°, 171°, 172°, 173°, 174°, 175°, 176°, 176°-A, 176°-B, 176°-C, 177°, 179°, 179°-A, 180°, 181°, 181°-A, 181°-B, 182°-A, 183°, 183°-A, 183°-B, 188°, 189°, 189°-C, 200°, 279°, 279°-A, 279°-B, 279°-D, 279°-G, 289°, 290°, 291°, 296°-A último párrafo, 297°, 303°-A, 303°-B, 316°, 316°-A, 317°, 317°-A, 317°-B, 319°, 320°, 321°, 322°, 346°, 347|, 376°, 376°-A, 381°, 382°, 383°, 384°, 385°, 386°, 387°, 388°, 389°, 390°, 391°, 392°, 393°, 393°-A, 394°, 395°, 395°-A, 395°-B, 396°, 397°, 397°-A, 398°, 398°-A, 398°-B, 399°, 400° y 401° del Código Penal, Terrorismo, Lavado de activos y Crimen Organizado.
  • El interno no cuente con otro mandato de detención por prisión preventiva o sentencia condenatoria vigente por ninguno de los delitos arriba mencionados.

 

  • Solicitud

 

El D. Leg. N° 1513 no ha regulado pedido de parte, sino que hace referencia a una lista administrativa de egresos, consistente en que previo al inicio formal del procedimiento especial, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en un plazo máximo de diez  días hábiles, desde la entrada en vigencia de la presente norma, identifica y remite por vía electrónica, a la Presidencia de cada Corte Superior, con copia al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la lista nominal de internos procesados que cumplan los presupuestos antes desarrollados y regulados en el artículo 2.1. del D. Leg. N° 1513, sin embargo, el interno puede dirigirse al director del establecimiento penitenciario a fin de solicitar se evalúe su incorporación en dicha lista administrativa que solo tiene carácter referencial, conforme su derecho de petición regulada en el Código de Ejecución Penal. Recibidas las listas, dentro de 24 horas la Presidencia de Corte Superior, remite las listas al juez competente para dar inicio al procedimiento especial.

 

  • Procedimiento, conformidad, oposición y falta de pronunciamiento

 

Iniciado el procedimiento en la vía judicial, con la recepción de las listas administrativas, el Juez competente corre traslado de inmediato al representante del Ministerio Público, para que en el plazo perentorio de cinco días hábiles comunique su disposición de conformidad de egreso o formule su oposición, en el segundo escenario adjuntará la documentación que sustente que uno o más internos no se encuentra dentro de los presupuestos regulados en el artículo 2.1. del D. Leg. N° 1513. Transcurrido el plazo perentorio, con o sin pronunciamiento del Ministerio Público, el Juez se encuentra expedito para emitir la resolución.

 

  • Resolución Judicial Colectiva

 

Cumplido lo anterior, el juez de emergencia sanitaria, realizando un último filtro de verificación e individualización de cada uno de los internos de la lista administrativa de egresos, dentro del plazo máximo de quince días calendarios, emite la resolución colectiva de cesación de prisión preventiva por mínima lesividad de todos los internos cuyos nombres se enuncian en dicha resolución imponiendo las siguientes restricciones reguladas en el artículo 2.2. del D. Leg. N° 1513:

  1. Impedimento de salida del país y de la localidad donde domicilia, por el mismo plazo que faltaba para dar cumplimiento a la medida de prisión preventiva.
  2. La obligación del procesado de reportarse de manera virtual ante el juzgado competente una vez al mes ratificando el domicilio que ha consignado al momento de su egreso, o declarando la variación del mismo. Concluido el Estado de Emergencia Sanitaria, esta obligación, se realiza de acuerdo a las disposiciones que dicte el Poder Judicial para su cumplimiento.
  3. Asistir a toda citación realizada por el Ministerio Público o Poder Judicial.

Todo ello bajo apercibimiento expreso de revocatoria de la medida y con mandato de liberación dentro del plazo de cinco días de notificada la resolución al INPE. Respecto de los internos que no accedieron a la cesación de prisión preventiva por mínima lesividad, debe identificarse a los mismos, indicándose los fundamentos de la decisión denegatoria. El INPE ejecuta la liberación cumpliendo un protocolo de excarcelación y seguridad sanitaria, dentro del plazo máximo de cinco días, bajo responsabilidad.

 

  • Impugnación

 

La norma no ha previsto un régimen especial de impugnación para el presente procedimiento especial, a diferencia de la revisión de oficio de prisión preventiva y cesación ordinaria, presumiéndose que dicha inexistencia de fase impugnatoria, se debe a la realización de los tres filtros previos a la expedición de la resolución judicial colectiva, en primer lugar la elaboración de las listas administrativas por parte del INPE, en segundo lugar la oposición o conformidad comunicada por el Ministerio Público, y tercer lugar y último filtro realizado por el Juez dentro de los quince día hábiles, previos a expedir su decisión.

 

  • Revisión de oficio de la prisión preventiva

 

La revisión de oficio de la prisión preventiva, implica la materialización del principio de rebus sic stantibus, pues ninguna medida coercitiva causa estado y debe cumplirse con las características de provisional, instrumental y sobre todo variable para que sea esta sea constitucional, dando respuesta a los pedidos de varios sectores de la Sociedad sobre la necesidad de regular los supuestos de variación de oficio de la prisión preventiva, una de las innovaciones que trae el D. Leg. N° 1513 es la posibilidad de que los jueces de investigación preparatoria – jueces de garantías, revisen de oficio la necesidad de mantener o de variar la prisión preventiva a todos los procesados que tengan a su competencia, con lo que surge indirectamente la concepción de que los presos preventivos no están desligados del órgano jurisdiccional que dictó prisión.

Al respecto, por imperio de la cláusula de rebus sic stantibus, la prisión preventiva debería ser revisada cada vez, pues al ser una medida cautelar y no punitiva, está sujeta a revisión periódica y no puede ser arbitraria, sobre dicho principio el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico N° 4 de la STC N° 03134-2015-PHC/TC LIMA, desarrolló lo siguiente:

“(…) la detención judicial preventiva es una medida provisional cuyo mantenimiento solo debe persistir en tanto no desaparezcan las razones objetivas que sirvieron para su dictado. En efecto, las medidas coercitivas, además de ser provisionales, se encuentran sometidas a la cláusula rebus sic stantibus, lo que significa que su permanencia o modificación a lo largo del proceso estará siempre subordinada a la estabilidad o cambio de los presupuestos que posibilitaron su adopción inicial, por lo que es plenamente posible que, alterado el estado sustancial de los presupuestos fácticos respecto de los cuales la medida se adoptó, pueda esta ser variada, (…)

A su vez, la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH), en la sentencia del Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en su fundamento jurídico N° 117, se pronunció de la siguiente manera:

“La Corte resalta que en los casos de personas detenidas los jueces no tienen que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que los detenidos recuperen su libertad, sino que deben valorar periódicamente que las causas y fines que justificaron la privación de libertad se mantienen, si la medida cautelar todavía es absolutamente necesaria para la consecución de esos fines y si es proporcional. En cualquier momento que la medida cautelar carezca de alguna de estas condiciones, deberá decretarse la libertad. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse”.

 

  • Presupuestos

 

Si bien el artículo 255° inciso 2 del Código Procesal Penal, siempre reguló que los autos que se pronunciaban sobre las medidas de coerción personal son reformables, aun de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rechazo, el D. Leg. N° 1513 regula específicamente la revisión de oficio de la necesidad de mantener o variar la prisión preventiva, para los internos en calidad de procesados a quienes no se les impute ninguno de los delitos previstos en los siguientes artículos: 106°, 107°, 108°, 108°-A, 108°-B, 108°-C, 108°-D109°121°-B, 122°-B,148°-A, 152°, 153°, 153°-A, 153°-B, 153°-C, 153°-D, 153°-E, 153°-F, 153°-G, 153°-H, 153°-I, 153°-J, 168°-B, 170°, 171°, 172°, 173°, 174°, 175°, 176°, 176°-A, 176°-B, 176°-C, 177°, 179°, 179°-A, 180°, 181°, 181°-A, 181°-B, 182°-A, 183°, 183°-A, 183°-B, 188°, 189°, 189°-C, 200°, 279°, 279°-A, 279°-B, 279°-D, 279°-G, 289°, 290°, 291°, 296°-A último párrafo, 297°, 303°-A, 303°-B, 316°, 316°-A, 317°, 317°-A, 317°-B, 319°, 320°, 321°, 322°, 346°, 347°, 376°, 376°-A, 381°, 382°, 383°, 384°, 385°, 386°, 387°, 388°, 389°, 390°, 391°, 392°, 393°, 393°-A, 394°, 395°, 395°-A, 395°-B, 396°, 397°, 397°-A, 398°, 398°-A, 398°-B, 399°, 400° y 401° del Código Penal, Terrorismo, Lavado de activos y Crimen Organizado, además que dicho procesado no cuente con otro mandato de detención por prisión preventiva o sentencia condenatoria vigente por ninguno de los delitos arriba mencionados.

Asimismo, impone al juez el deber de valorar en forma conjunta los siguientes criterios: 

  1. El procesado o la procesada cuenten con un plazo de prisión preventiva ampliada una o más veces, sin fecha programada y notificada para el inicio de juicio oral.
  2. El procesado o la procesada se encuentren dentro los grupos de riesgo al COVID-19, según las disposiciones del Ministerio de Salud, incluyendo madres internas con hijos.
  3. El riesgo a la vida y la afectación a la salud de las internas e internos procesados, y el riesgo de contagio y propagación al COVID-19 al interior del establecimiento penitenciario donde se encuentre recluido.
  4. Las medidas limitativas a la libertad de tránsito dictadas en el Estado de Emergencia Nacional y Estado de Emergencia Sanitaria que disponen el aislamiento social obligatorio, inmovilización social obligatoria, cierre de fronteras.

 

  • Solicitud

 

Al ser revisión de oficio, no requiere previo pedido de las partes, pues en virtud del artículo 3° del D. Leg. N° 1513 el Juez puede ejercitar su poder de iniciativa propia.

 

  • Procedimiento

 

Atendiendo a que el inciso 2° del artículo 283° del Código Procesal Penal, remite al artículo 274° de la misma norma para el trámite de la cesación, el artículo 3.4. del D. Leg. N° 1513 también hace referencia a la audiencia prevista en el artículo 274° del Código Procesal Penal, estableciendo que se desarrolla en modalidad virtual.

 

  • Resolución

 

En el caso de optar por disponer le cesación el artículo 3.5. del D. Leg. N° 1513, regula que el juez impondrá todas las medidas o reglas de conducta que considere necesarias para asegurar la presencia del imputado en el desarrollo del proceso en su contra, que además de las que normalmente existían se tiene las restricciones reguladas en el artículo 2.2. de la referida norma, así como la medida de vigilancia electrónica, arresto domiciliario y la obligación del procesado de reportarse ante el juzgado competente, esta se cumple de manera virtual ante el órgano jurisdiccional competente una vez al mes ratificando el domicilio que ha consignado al momento de su egreso o declarando la variación del mismo. Concluido el Estado de Emergencia la obligación de reportarse ante el juzgado competente se realiza de acuerdo a las disposiciones que dicte el Poder Judicial para su cumplimiento.

 

  • Impugnación

 

Contra la resolución que dispone la cesación de prisión preventiva, vía revisión de oficio, procede recurso de apelación dentro del tercer día hábil de notificación, sin que la interposición de la apelación por parte del Ministerio Público, impida la excarcelación del imputado.

 

  • Incorporación de nuevos criterios para valorar la cesación de prisión preventiva ya existente

 

Finalmente, y sin que ello implique que la situación de los demás procesados no ha sido tomada en cuenta en la novedosa norma, el artículo 3.3 del D. Leg. N° 1513, establece que los procesados que se encuentren excluidos de la medida regulada en el artículo 2° de dicha norma, pueden solicitar cesación de prisión preventiva conforme a lo normado por el artículo 283° del NCPP, el Decreto Legislativo en mención incorpora cuatro nuevos criterios para ser valorados conjuntamente con los otros criterios regulares y que en síntesis son: a) Prisión preventiva prolongada y adecuada, sin juicio oral iniciado, ni notificación para tal fin, b) Internos, madres con hijos dentro de los grupos de riesgo al COVID-19, c) Riesgo a la vida y la afectación a la salud, riesgo de contagio y propagación en el interior del establecimiento penitenciario y d) Aislamiento social obligación, inmovilización social obligatoria, cierre de fronteras.

Los nuevos criterios incorporados en el artículo 3.2. de la citada norma, tienen incidencia directa en cuanto a los siguientes tópicos de debate de la prisión preventiva: 

  • Sobre el peligro de fuga, el literal “d” del artículo 3.2. del D. Leg. N° 1513, valora positivamente que el cierre de fronteras y demás medidas adoptadas durante el Estado de Emergencia, tiene correlación con la necesidad de mantener o no la prisión preventiva, y si bien la norma no lo refiere expresamente, se puede entender que el peligro de fuga se desvanece en esta coyuntura.
  • Sobre la proporcionalidad de la medida, los literales “b” y “c” del artículo 3.2. del D. Leg. N° 1513, asumen un criterio pro homine y en cuanto a la ponderación entre libertad personal frente a los fines del proceso para elegir entre la prisión preventiva o la comparecencia, en la actualidad por el brote pandémico a dicha ponderación de derechos del lado de libertad personal, se le suma el derecho a la integridad, vida y salud de los procesados, versus los fines del proceso (procesos paralizados), sopesando claramente los derechos del procesado que son plurales, cambiándose así, en la situación actual la elección a tomar entre prisión preventiva y comparecencia.
  • Sobre el plazo de la prisión preventiva, el literal “a” del artículo 3.2. del D. Leg. N° 1513, también asume un criterio a favor del procesado, pues el transcurso de los plazos por inercias e inactividad procesal ya no es valorado en perjuicio del preso preventivo, sino que se le impone al juzgador valorar conjuntamente el criterio de la prisión preventiva con plazo prolongado y sin juicio oral iniciado ni notificado el inicio de éste.

 

  • Presupuestos

 

El artículo 3.3. del D. Leg. N° 1513 no cierra las posibilidades a los demás presos preventivos que con motivo del estado de emergencia sanitaria, inicialmente decretada a través del D. S. N° 008-2020-SA, sobre el brote del COVID-19 y que dio origen a una serie de medidas interinstitucionales que desencadenaron inclusive en el Estado de Emergencia, decretado a través del D.S. N° 044-2020-PCM, posteriormente prorrogado en cuanto al plazo y medidas con los D.S. N° 051-2020-PCM, D.S. N° 064-2020-PCM, D.S. N° 071-2020-PCM, D.S. N° 083-2020-PCM y D.S. N° 094-2020-PCM, se vieron suspendidas labores en instituciones como el Ministerio Público, que imposibilita que se realicen actos de investigación o decurso procesal, lo que podría tener incidencia directa en el primer presupuesto de sospecha fuerte y fundada, pues según el Acuerdo Plenario N° 001-2019/CIJ-116, dicha sospecha debe tener un carácter dinámico y no estático, siendo así resulta evidente que si desde el día 16 de Marzo del 2020 (inicio del estado de emergencia nacional) no se realizan actos de investigaciones, la sospecha en el grado que fue ponderada para dictar prisión preventiva no se habría incrementado, sino por el contrario al no tener dinamicidad la sospecha, y ante la falta de requerimiento acusatorio, no se estaría cumpliendo con lo desarrollado por la Corte Suprema en el fundamento jurídico N° 30 del citado Acuerdo Plenario.

Además que el peligrosismo procesal en la vertiente del peligro de fuga, siempre objeto de argumentos de los más destacados abogados defensores en casos emblemáticos, en los que se sostenía que el Estado de Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia, variaban de plano el peligro de fuga y que además no necesitaba probarse por la circunstancia de ser hechos públicos, variándose también (a criterio de los abogados) la proporcionalidad de la medida al no existir ninguna medida coercitiva que restrinja la salud, integridad y vida del procesado, aunado a ello, el artículo 3.2. impone cuatro nuevos criterios que refuerzan las posturas que inicialmente fueron catalogadas inclusive por los representantes del Ministerio Público como “meros argumentos de defensa”, fundamentos que ahora son parte de una norma con rango de Ley, como lo es el D. Leg. N° 1513. Siendo así, se tiene que los presos preventivos a quienes se les imputa los delitos enunciados en el artículo 2.1. del D. Leg. N° 1513 también pueden postular la cesación de prisión preventiva por los supuestos regulares del artículo 283 del Código Procesal Penal y los cuatro nuevos criterios que exigen al Juez valorarlos conjuntamente, arriba mencionados.

 

  • Solicitud

 

El artículo 3.3. del D. Leg. N° 1513 hace referencia a que el procesado “puede solicitar”, como tal se tiene que el pedido es a instancia del imputado.

 

  • Procedimiento

 

El trámite se sujeta al previsto en el artículo 274° del NCPP, es decir que presentada la solicitud de cesación de prisión preventiva, postulada por el imputado, dentro del tercer día de su presentación se cita audiencia de cesación de prisión preventiva con la concurrencia del representante del Ministerio Público, del abogado defensor y del imputado, audiencia virtual, por las circunstancias de emergencia sanitaria, pudiendo diferirse la expedición de la resolución que contenga la decisión sobre la solicitud, hasta por el plazo de setenta y dos horas después de desarrollada la audiencia.

 

  • Impugnación

 

Contra la resolución que resuelve la cesación de prisión preventiva, procede recurso de apelación dentro del tercer día hábil de notificación.

 

  • Incorporación de la remisión condicional de la pena

 

La remisión condicional de la pena es la suspensión del cumplimiento o ejecución de la pena privativa de libertad, bajo ciertas condiciones, en cuanto a lo regulado por el artículo 6° del D. Leg. N° 1513 además, implica presupuestos de procedencia, quedando el sentenciado beneficiado con cargo a reportarse ante el órgano jurisdiccional ante la conclusión del Estado de Emergencia Sanitaria, bajo apercibimiento de revocatoria.

 

  • Supuestos de procedencia

 

Condenados a pena privativa de libertad efectiva no mayor a ocho años: Se requiere como temporalidad que haya cumplido la mitad de la pena impuesta, y se encuentren ubicados en las etapas de tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario.

Condenados a pena privativa de libertad efectiva no mayor a diez años: Se requiere como temporalidad que hayan cumplido nueve años de la pena impuesta, y se encuentren ubicados en las etapas de tratamiento de mínima seguridad del régimen cerrado ordinario.

 

  • Supuestos de improcedencia

 

No procede remisión condicional de la pena, para internos en calidad de sentenciados por los delitos previstos en los siguientes artículos: 106°, 107°, 108°, 108°-A, 108°-B, 108°-C, 108°-D, 109°, 121°-B, 122°-B, 148°-A, 149°, 152°, 153°, 153°-A, 153°-B, 153°-C, 153°-D, 153°-E, 153°-F, 153°-G, 153°-H, 153°-I, 153°-J, 168°-B, 170°, 171°, 172°, 173°, 174°, 175°, 176°, 176°-A, 176°-B, 176°-C, 177°, 179°, 179°-A, 180°, 181°, 181°-A, 181°-B, 182°-A, 183°, 183°-A, 183°-B, 188°, 189°, 189°-C, 200°, 279°-A, 279°-B, 279°-G, 279°-D, 289°, 290°, 291°, 296°-A último párrafo, 297°, 303°-A, 303°-B, 316°, 316°-A, 317°, 317°-A, 317°-B, 319°, 320°, 321°, 322°, 346,° 347°, 376°, 376°-A, 381°, 382°, 383°, 384°, 385°, 386°, 387°, 388°, 389°, 390°, 391°, 392°, 393°, 393°-A, 394°, 395°, 395°-A, 395°-B, 396°, 397°, 397°-A, 398°, 398°-A, 398°-B, 399°, 400° y 401°del Código Penal Terrorismo, Lavado de activos y Crimen Organizado, y dicho procesado no cuente con otro mandato de detención por prisión preventiva o sentencia condenatoria vigente por ninguno de los delitos arriba mencionados. 

 

  • Solicitud

 

El D. Leg. N° 1513 no ha regulado pedido a instancia de parte, sino que hace referencia a una lista administrativa de egresos, consistente en que previo al inicio formal del procedimiento especial, el INPE, en un plazo máximo de diez días hábiles, desde la entrada en vigencia de la presente norma, identifica y remite por vía electrónica, a la Presidencia de cada Corte Superior, con copia al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, la lista nominal de internos sentenciados que cumplan los presupuestos antes desarrollados y regulados en el artículo 6° y no se encuentren inmersos en causal de improcedencia regulada en el artículo 7° del D. Leg. N° 1513, sin embargo, el interno puede dirigirse al director del establecimiento penitenciario a fin de solicitar se evalúe su incorporación en dicha lista administrativa que solo tiene carácter referencial, conforme su derecho de petición regulada en el artículo 14° del Código de Ejecución Penal. Recibidas las listas, dentro de 24 horas la Presidencia de Corte Superior, remite las listas al juez competente para dar inicio al procedimiento especial de remisión condicional de la pena.

 

  • Procedimiento, conformidad, oposición y falta de pronunciamiento

 

Iniciado el procedimiento en la vía judicial, con la recepción de la lista administrativa de egresos, el juez competente corre traslado de inmediato al representante del Ministerio Público, para que en el plazo perentorio de cinco días hábiles comunique su disposición de conformidad de egreso o formule su oposición, en el segundo escenario adjuntará la documentación que sustente que uno o más internos no se encuentra dentro de los supuestos regulados en el artículo 6 o se encuentren en causal de improcedencia de remisión condicional de la pena. Transcurrido el plazo perentorio, con o sin pronunciamiento del Ministerio Público, el Juez se encuentra expedito para emitir la resolución judicial colectiva.

 

  • Resolución Judicial Colectiva

 

Cumplido lo anterior, el juez de emergencia competente, realizando un último filtro de verificación e individualización de cada uno de los internos de la lista administrativa de egresos, dentro del plazo máximo de quince días calendarios, emite la resolución colectiva de remisión condicional de la pena de todos los internos cuyos nombres se enuncian en dicha resolución imponiendo reglas de conducta por el mismo plazo que falte cumplir la condena, imponiéndose las reglas de conducta que el Juez puede imponer son las establecidas en el artículo 58 del Código Penal. Según el artículo 8 del D. Leg. N° 1513 preferentemente, impone como reglas de conducta la obligación del condenado de reportarse de manera virtual o presencial, según corresponda, ante el órgano jurisdiccional competente en un período mensual, para ratificar el domicilio que ha consignado al momento de su egreso o declarar la variación del mismo; y las veces adicionales al medio libre para continuar con su programa de tratamiento, según lo establezca la resolución. Concluido el Estado de Emergencia Sanitaria la obligación de reportarse ante el juzgado competente se realiza de acuerdo a las disposiciones que dicte el Poder Judicial para su cumplimiento.

Todo ello bajo apercibimiento expreso de revocatoria de la medida y con mandato de liberación dentro del plazo de cinco días de notificada la resolución al INPE.  El INPE ejecuta la liberación cumpliendo un protocolo de excarcelación y seguridad sanitaria, dentro del plazo máximo de cinco días, bajo responsabilidad. Respecto de los internos que no accedieron a la remisión condicional de la pena, debe identificarse a los mismos, indicándose los fundamentos de la decisión denegatoria.

 

  • Impugnación y revocatoria

 

El trámite recursal se ciñe conforme a lo regulado en el artículo 420 del Código Procesal Penal, asimismo si durante el período de suspensión el penado no cumpliera con las reglas de conducta impuestas o fuera condenado por otro delito doloso, se procede conforme a los artículos 59 y 60 del Código Penal.

 

  • Simplificación en beneficios penitenciarios y redención excepcional de la pena

 

Si bien los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, sino estímulos que forma parte del tratamiento progresivo, al respecto el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 19 de la STC N° 2700-2006-PHC/TC, los concibe de la siguiente manera: 

“(…) no son derechos fundamentales, sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal, cuyo fin es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno”.

El artículo 12° del D. Leg. N° 1513 regula que los condenados, que tengan condición de primarios, y se encuentren en etapa de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario, redimen la pena mediante la educación o el trabajo, a razón de un día de pena por un día de estudio o labor efectivos, respectivamente. Adecuándose el cómputo de los días redimidos por estudio o trabajo con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente norma. 

 

  • Solicitud

 

El D. Leg. N° 1513 regula que de oficio el Director de cada establecimiento penitenciario, conforma los expedientes electrónicos de semilibertad y liberación condicional de los internos e internas que se encuentren en las etapas de tratamiento de mínima y mediana seguridad del régimen cerrado ordinario, y no se encuentren dentro de los supuestos de exclusión previstos en el artículo 50 del Código de Ejecución Penal. Sobre el particular cabe resaltar que las labores administrativas del INPE se han visto paralizadas en los últimos meses por motivo de la emergencia sanitaria, quedando pendientes un gran cúmulo de evaluaciones semestrales de los internos, y como consecuencias de dicha paralización de labores, podrían existir complicaciones para a determinar con criterios actualizados la progresión de los internos, criterio que siempre es tomado en cuenta por los juzgadores para dictar o negar la concesión de beneficios penitenciarios.

 

  • Contenido del expediente electrónico

 

Según el artículo 11.1 del D. Leg. N° 1513, contiene la siguiente documentación:

  1. Antecedentes judiciales;
  2. Informe que acredite el cumplimiento de la tercera parte de la pena para los casos de semilibertad y la mitad de la pena para los casos de liberación condicional.
  3. Documento que acredite que se encuentra ubicado en las etapas de tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario.
  4. Declaración jurada de domicilio o lugar de alojamiento.
  5. Documento elaborado por la autoridad penitenciaria que detalle las incidencias favorables y desfavorables del solicitante durante su internamiento, además del resultado de todas las evaluaciones semestrales de tratamiento.

Una vez conformados los expedientes electrónicos, el Consejo Técnico Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario los remite inmediatamente a la mesa de partes virtual del Poder Judicial, desde la cual se derivan, en el día y bajo responsabilidad, a los juzgados a cargo de la ejecución de la sentencia. Recibido el expediente electrónico de semilibertad o libertad condicional, el juez, dentro del plazo de un día calendario, evalúa si cuenta con la documentación señalada en el primer párrafo y se encuentra completo. En caso contrario, comunica al Instituto Nacional Penitenciario a efectos de subsanar la omisión en un plazo máximo de un día calendario.

 

  • Procedimiento

 

Una vez completo el expediente electrónico, el Juez puede citar a audiencia virtual, única e inaplazable con el interno solicitante. La audiencia virtual tiene por finalidad que el juez forme criterio sobre la pertinencia de la solicitud de beneficio penitenciario, determinando si es que el interno alcanzó un grado de readaptación que permita pronosticar que no volvería a cometer nuevo delito al incorporarse al medio libre; en este sentido, las actuaciones de las audiencias de beneficios penitenciarios se orientarán a debatir las condiciones de readaptación alcanzadas.

En caso el juez estime procedente y otorgue el beneficio penitenciario correspondiente, establece, en forma conjunta o alternada, las reglas de conducta previstas en el artículo 55 del Código de Ejecución Penal.

Los criterios de valoración del artículo 52 del Código de Ejecución Penal, no son de aplicación durante la vigencia de la presente norma.

 

  • Impugnación y revocatoria

 

Contra la resolución de otorgamiento de semilibertad o liberación condicional procede el recurso de apelación en el plazo de dos días hábiles. La apelación contra la concesión del beneficio penitenciario no suspende su ejecución. El incumplimiento de cualquiera de las reglas de conducta impuestas tiene como consecuencia la revocación inmediata del beneficio otorgado de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 del Código de Ejecución Penal.

 

  • Conclusiones

 

  • La lesión incluso la amenaza al derecho a la integridad, la vida y salud, de las personas si bien siempre estuvo regulado en el primer nivel normativo (Constitución), en el caso específico de las personas privadas de la libertad a propósito del brote pandémico, dejó de ser un mero argumento de defensa de los abogados y fundamento jurídico de resoluciones judiciales (cuarto nivel normativo) y se consagró como Decreto Legislativo (segundo nivel normativo).
  • La aguda crisis del sistema nacional penitenciario, dejó de ser una estadística y se declaró en una norma con rango de ley, que se viene atravesando desde hace varias décadas una aguda crisis, debido a la sobrepoblación de internos, en los establecimientos penitenciarios, desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo, por superar en capacidad de albergue, y falta de recursos humanos, logísticos, presupuestos y servicios penitenciario para tratamiento, salud y seguridad, respectivamente.

 

  • Conclusiones específicas respecto de procesados

 

  • El brote pandémico de COVID-19 sí tiene incidencia directa en la evaluación de la proporcionalidad de la prisión preventiva, y al haberse impuesto prisiones preventivas sobre la ponderación entre la libertad personal frente a los fines del proceso, al adicionarse a dicha ponderación, la integridad, vida y salud de los procesados, junto a la libertad frente a los fines del proceso, resulta proporcional optar positivamente por los derechos del procesado y optar por la comparecencia.
  • La mora e inactividad que el Estado de Emergencia genera en las investigaciones en curso, genera criterios para valorarse el transcurso de los plazos a favor del imputado.
  • El aislamiento social obligación, inmovilización social obligatoria, cierre de fronteras, sí desvanece el peligro de fuga.

 

  • Conclusiones específicas respecto de sentenciados

 

  • Tuvo que existir una situación de calamidad como el brote pandémico de COVID-19 para que se flexibilicen los parámetros para le ejecución de la pena privativa de libertad efectiva y suspendida, así como la adopción de medidas destinadas a favorecer el acceso a beneficios penitenciarios, y no a restringirlos como se hacía con las anteriores modificaciones al Código Penal y de Ejecución Penal.
  • Los derechos a la vida, integridad y salud de los sentenciados han predominado sobre el poder punitivo del Estado, pues si bien las penas en el Perú, solamente son privativas y restrictivas de la libertad (además de limitativas de derechos y pecuniaria), no existía razón para que se exponga a riesgo o amenaza de los demás derechos inherentes al penado en su condición de ser humano.