ROBERTO CABRERA SUÁREZ

Director de la Escuela de Derecho

Universidad César Vallejo – Filial Tarapoto

JOSÉ MANUEL FASANANDO BARDALES

Estudiante de la Universidad Cesar Vallejo Filial Tarapoto

 

El derecho a la defensa ha sufrido una serie de vulneración durante el transcurso de la historia, es así que en el presente artículo trataremos de dilucidar las vulneraciones que se dieron sobre este derecho desde dicha óptica, así también esclareceremos aspectos normativos relacionados al derecho a la defensa, desde el escudriñamiento de dispositivos legales nacionales y supranacionales, para finalmente aproximarnos a las consideraciones referidas a la importancia del derecho de defensa en nuestro sistema jurídico.

Como ya se señaló, el derecho a la defensa ha sido vulnerado no solo ahora sino en distintos momentos de nuestra línea histórica. En primer lugar, tenemos la época romana, donde se podía evidenciar la vulneración del derecho de defensa de manera estratificada, gozando de ciertas prerrogativas procesales solo algunos estratos ubicados en un orden jerárquico superior. Misma situación se observó durante el inicio de las monarquías absolutistas y en los albores del sistema feudal, en el que los “dueños de la tierra” gozaban del poder jurisdiccional y administraban justicia discrecional muy poco objetiva. Tal situación ligada con el concepto de soberanía, “legitimaba” el ejercicio del poder jurisdiccional, aunado a los matices de “divinidad” que en aquellos tiempos resultaba inherente a los titulares del poder.

Como se puede apreciar, en los momentos históricos descritos, los espacios procesales sufrían una evidente vulneración respecto al derecho de defensa, ya que se quebrantándose el principio de igualdad de armas, y la presunción de inocencia. Ello, en realidad, porque no se contaba con el mismo nivel de desarrollo y contenido actual, respecto a estos principios, derechos e instituciones adjetivas.

Hoy en día, existen dispositivos legales nacionales, que se erigen en función a nuestra constitución política, que en su Art. 139°, inciso 14 consagra al derecho de defensa procesal, estableciendo que un procesado no debe ser privado de su derecho de defensa en ningún estado del proceso. Aunado a ello, se indica la obligación (dimensión objetiva) de comunicar inmediatamente el motivo de la investigación/proceso, y la opción de elegir un defensor (dimensión subjetiva) para afrontar el proceso (Constitución Politica del Peru, 1993). 

Teniendo en cuenta la normativa supranacional debemos señalar que el artículo 11°, inciso 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, indica que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia, para asegurar las garantías necesarias para su defensa (DUDH, 1948). 

En efecto poco a poco evidenciamos la importancia del derecho de defensa procesal dentro del sistema peruano, que es un derecho de carácter constitucional, y por lo tanto es parte fundamental para el ordenamiento jurídico peruano. Por otro lado, el derecho de defensa procesal debe contar con determinadas características para que alcance plena efectividad, como calidad (profesional competente para el patrocinio legal), idoneidad, y compromiso con los intereses de la persona a la cual el letrado está defendiendo. Es importante que la defensa procesal cumpla con estas características, ya que no solamente se trata de un derecho de defensa formal, sino que esta misma se debe materializar cumpliendo estos aspectos cualitativos. 

A propósito de ello el maestro Alberto Binder, se refiere al derecho de defensa con la siguiente reflexión:

El derecho de defensa comprende un carácter de defensa eficaz, oportuna, realizada por gente capacitada, que permita fortalecer la defensa del interés concreto del imputado y no como un simple medio para cumplir formalmente con la legitimidad del proceso. Por ende, cualquier forma de defensa aparente resultaría violatoria de la Convención Americana. (Binder, 2016).

Por lo tanto, el derecho de defensa procesal debe cumplir con las características indicadas, ya que, de lo contrario, se estaría ejerciendo un derecho de defensa en apariencia, es decir que, probablemente se cuenta con una defensa técnica, pero esta no es eficiente, en consecuencia, se dejaría al investigado en un estado de indefensión, razón por la cual, se generarían graves consecuencias no solo respecto a su derecho a la defensa, sino también a la presunción de inocencia de manera conexa. 

Es así que la Corte IDH ha sostenido que “nombrar a un defensor con el solo objeto de cumplir con una formalidad procesal equivaldría a no contar con defensa técnica”. En ese sentido es menester mencionar que la presencia de un letrado, si esta es solo para cumplir con la formalidad, no equivale a un derecho de defensa eficaz según nuestra Corte Interamericana de Derecho Humanos. 

Si el defensor designado ostenta simplemente un desempeño formal, o asume meramente una postura contemplativa, es necesario concluir que el acusado se encuentra en indefensión. La defensa se ejerce, sustancialmente, para la preservación y protección de los valores e intereses del cuerpo social, garantizando así la protección de la sociedad misma.

Por otro lado, si la inercia y la negligencia del defensor designado son evidentes, el acusado debe considerarse indefenso y el proceso debe cancelarse desde el momento en que el patrocinio técnico debería haber comenzado.

La importancia del derecho de defensa procesal es totalmente esencial, ya que, si ello no se logra garantizar, se podría incluso plantear la nulidad del proceso, o en defecto si existiera, pero si no es una defensa eficiente también se podrían generar graves consecuencias durante el iter procesal.

Sobre el particular, César San Martín Castro refiere: 

La defensa es siempre necesaria, aun al margen o por sobre la voluntad de la parte, para la validez del proceso. (San Martín, 2003, pág. 120).

Un hecho cada vez más frecuente en la rutina judicial: es el encontrarnos frente a múltiples casos en los que la defensa formal resulta ser insustancial, que, en lugar de hacer cumplir los principios constitucionales de defensa amplia y debida proceso legal, se alimenta, nada más de una demanda del mercado para los profesionales del derecho.

Una defensa deficiente es equiparable a la falta de defensa porque, estando materialmente indefenso durante la tramitación de un proceso, el acusado sufre daños evidentes.

Cuando un abogado no resulta competente para patrocinar un determinado caso, se generan una cadena de actos procesales, con un sabor puramente formal. La falta de defensa efectiva y necesaria del acusado ofende los principios de defensa amplia y el debido proceso legal consagrado en nuestra carta política y en los dispositivos legales supranacionales, que se erigen en merito al principio contradictorio, lesionando y limitando además el derecho de acción que garantiza el referido principio.

Una contradicción efectiva y equilibrada permite un correcto análisis de la realidad puesta en conocimiento del juzgador a efectos de formarse un panorama objetivo respecto al caso concreto.

A propósito, a todo lo señalado, el Tribunal Constitucional peruano, en el proceso de hábeas corpus que Silverio Espinoza siguió contra la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, estableció que la garantía de la defensa “es una de las condiciones indispensables para que un proceso judicial sea realizado con arreglo al debido proceso.” (STC/1323, 2002).

En esa misma línea es importante compartir lo que, según César Nakazaki, (Nakazaki, 2017, pág. 3), en su artículo titulado “la garantía de la defensa procesal: defensa eficaz y nulidad del proceso penal por indefensión”, refiere:

El reconocimiento de la garantía de la defensa procesal como requisito de validez para todo tipo de proceso, es una de las expresiones más importantes de su constitucionalización.

Como podrá apreciarse, el devenir histórico hoy sitúa al derecho de defensa procesal desde su validez y eficacia en el contexto de constitucionalización adjetiva, toda vez que resulta ser un requisito indispensable para la validez de un proceso. 

Referencias bibliográficas  

  1. Constitución Política del Perú 1993, Art. 139°, inciso 14, Lima, Perú.  
  2. Declaración Universal de Derecho Humanos 1948, artículo 11°, inciso 1., Lima, Perú. 
  3. Binder, A. 1993, “Introducción del Derecho procesal Penal”, libro de derecho, Pág. 151, Editorial Ad Hoc, Buenos Aires, Argentina. 
  4. San Martin, C. 2003, “Derecho Procesal Penal” Volumen I, libro de derecho, Segunda edición, Pág. 120, Editora Jurídica GRIJLEY, Lima, Perú.
  5. Tribunal Constitucional 2002, Expediente Nº 1323-2002-HC/TC, Sentencia del 9 de Julio, Fundamento 1, Lima, Perú. 
  6. Nakazaki, C. 2006 “La garantía de la defensa procesal: defensa”, Artículo de Revista por los XXV años de creación la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, Fondo Editorial, Pág. 13 a 43, Lima, Perú.