Mg. Karin Ramírez Figueroa

Desde antaño se han manifestado fricciones en las relaciones entre géneros masculino y femenino, las cuales se acentuaron al obtener la mujer el derecho al trabajo pues se puso en relieve el poder que ejerce el género masculino al tratar siempre de mantener subordinada al género femenino, aun cuando muchas veces ellas son más inteligentes, eficientes y eficaces. 

La violencia contra la mujer tiene diferentes formas, entre ellas destaca la psicológica, física, económica, sexual, entre otras. Ahora bien, en el mundo del trabajo puede darse todas estas clases de violencia, sin embargo, la más común suele ser la del hostigamiento sexual.

El hostigamiento sexual en el ámbito laboral proviene desde siglos pasados, pero pocas veces ha sido visibilizado; sin embargo, en el transcurrir de los años y gracias a la lucha permanente por los derechos humanos, éste ha adquirido relevancia por formar parte de la violencia contra la mujer, siendo materia de estudio y recogido en diferentes convenios internacionales, estando últimamente catalogado como un riesgo psicosocial al causar graves daños a la persona. 

Así tenemos que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas emitió la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 34/180 del 18 de diciembre de 1979, suscrita por el Estado peruano el 23 de julio de 1981 y, promulgada por el Presidente de la República mediante Resolución Legislativa N° 23432 que aprueba la CEDAW el 5 de junio de 1982, comprometiéndose el Estado peruano a garantizar su cumplimiento efectivo en el país. 

Dicha “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” señala en su artículo 11°, las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo y asegurar a la mujer condiciones de igualdad con los hombres, para que tengan los mismos derechos: a) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en  cuestiones de empleo; b) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de servicio, y el derecho a la formación profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación profesional superior y el adiestramiento periódico; y, c) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo.

Posteriormente, en 1995 entró en vigencia la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ) de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual en Perú fue aprobada por Resolución Legislativa N° 26583 de 22 de marzo de 1996 y, ratificada el 4 de abril de 1996. Dicha Convención establece en su artículo 2° que se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica y, inc c.: que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar.

A pesar de la existencia de las dos convenciones antes indicadas y de casi veinte años transcurridos, en Perú recién en el año 2003 se publica la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual donde se visibiliza la tipificación legal.  La Constitución Política del Perú de 1993 consagra en sus artículos 1°, 2° y 26° que la mujer tiene derecho a su dignidad, a su integridad moral, psíquica, física y a su libre desarrollo y bienestar así como a la igualdad de oportunidad sin discriminación. 

Recién en el 2019, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) emite el CONVENIO C-190 “Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo”, aun cuando ésta a la fecha todavía no ha sido ratificada por el Gobierno Peruano, es conveniente indicar que en su artículo 9° estipula que: Todo miembro deberá adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar medidas para prevenir y controlar los peligros y evaluar los riesgos de violencia y acoso, con participación de los trabajadores y sus representantes.