El Covid-19 frente a la SUNEDU en la evaluación de la calidad de la Educación Superior

21 de abril de 2020

Manuel Bermúdez Tapia

Abogado. Profesor investigador de la Universidad Privada San Juan Bautista y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Introducción

Desde mediados de marzo hasta fines del mes de abril del 2020 el país se ha visto obligado a guardar una cuarentena debido a la expansión del Covid-19 en la mayor parte de los países en el mundo. El cambio provocado ha sido tan significativo que prácticamente la humanidad no había experimentado un proceso similar desde fines de la II Guerra Mundial.

La cadena productiva nacional se ha paralizado obligando al Estado a ejecutar acciones propias de un Estado de Emergencia debido al problema sanitario que ha provocado condiciones propias de un estado de alarma e inclusive de un estado de excepción.

 Tres situaciones totalmente diferentes en el ámbito del derecho constitucional que permiten detallar que el panorama es sumamente complicado de evaluar, en particular porque los daños resultan inconmensurables, tanto en lo humano, en lo social, como en lo económico.

1. La crisis desnuda las debilidades y limitaciones del Estado peruano

Sin plantear una crítica a la gestión pública que desarrollan todas las entidades que conforman la Administración Pública nacional, desde las nacionales hasta las locales, es posible observar una condición específica: todas están sumergidas en una situación que ha desnudado sus errores, limitaciones, actos de corrupción y displicencia.

Las buenas intenciones en los actos de gobierno no resultan un elemento evaluable porque en esencia, la cosa pública exige una condición próxima a la capacidad en la gestión de instituciones, experiencia en la administración pública y un elevado nivel de conocimientos de las implicancias que provoca un acto de gobierno.

Por tanto, iniciamos el desarrollo de nuestra posición sobre la base de que no puede admitirse la ineficiencia y negligencia en la gestión pública porque quien está en un cargo público ha debido tener presente estar apto para ejecutar un trabajo especial, complejo y supeditado a variables que pueden modificarse constantemente.

Como tal condición no se ha registrado en nuestra realidad política, la democracia se ha visto condicionada por la multiplicidad de situaciones que van desde una corrupción masiva hasta un nivel de negligencia en cosas sencillas, como podría ser la oportunidad y diligencia en el discurso político

La acreditación de estos elementos se pueden observar en la para forzosa de toda la cadena de servicios en el país, la inmovilización de los ciudadanos y la ejecución de actos de prevención para evitar ampliar el riesgo de contagio del Covid-19.

Por ello es que la población en varias localidades del país ha estado renuente a aceptar las indicaciones del Gobierno Nacional, porque además las medidas punitivas se han establecido con mucha posterioridad al inicio de la cuarentena.

En el intermedio está la negligente evaluación de las condiciones socio económicas y familiares que se registran en la realidad nacional y por eso es que ha sido posible evaluar al Gobierno Nacional ser mucho más diligente y oportuno movilizando peruanos que habían viajado por vacaciones al extranjero que a peruanos que se movilizaban de Lima a sus ciudades de origen.

2. La crisis supera el contexto económico

Uno de los efectos más importantes de la pandemia provocada por el Covid-19 es la acreditación de que los costos económicos pueden ser relativizados frente a la atención de la salud de la población. El Gobierno Nacional ha resaltado esta referencia en cada oportunidad.

Por tanto, si esta premisa ha sido siempre la línea de acción del Estado, corresponde preguntar: ¿Porqué entonces no se había permitido la ampliación y adecuación de los servicios públicos vinculados a la atención de los servicios públicos de necesidad básica?

Si bien existe una condición que obstaculiza dicha premisa, es cierto que las decisiones de los gobiernos definen el camino que configura las políticas de gobierno-políticas públicas publicas y políticas de Estado y todo queda condicionado a decisiones políticas de quien dirige el Gobierno Nacional.

Como la falta de liderazgo ha sido patente de corso desde 1985 hasta la actualidad, todos los Presidentes de la República han cumplido la regla básica de seguir la dirección de lo general a lo especifico: Políticas de Estado-políticas públicas y políticas de gobierno, con lo cual los valores macro económicos y condiciones de gobierno determinados por factores exógenos al país han condicionado la gestión pública en el país.

Las necesidades de la población y las atenciones urgentes en la provisión de servicios públicos quedaba supeditado a un estándar económico que se complementaba con la undécima Disposición Final y Transitoria de la Constitución, que establece la regla de que todo acto de Estado que implique el gasto público (donde se encuentra la atención de los derechos de la población) deben configurarse en función a la disponibilidad presupuestaria y por ello es que se entiende el mecanismo progresivo de la atención de derechos vinculados al ámbito de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

3. Derechos programáticos y presupuesto público

Los derechos de naturaleza especial requieren de un alto compromiso de los Estados y de los gobiernos, por ello resultan especiales el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, entre otros, que están siendo los principales elementos a tratar durante la atención a la pandemia.

Sin embargo, en el propio Gobierno Nacional se ha tomado en cuenta algunas sugerencias inaceptables en el ámbito de una diligencia en la gestión pública.

a) La Ministra de Economía ha solicitado la colaboración de los Bancos y entidades financieras para que puedan tener una predisposición a mejorar sus condiciones económicas con la población, en particular respecto de los créditos en cartera. En términos sencillos, el Gobierno Nacional próximo a dar beneficios tributarios a estas empresas no ha regulado ninguna acción que favorezca a la población.

b) El Ministro de Educación ha manifestado que los padres que no puedan asumir los pagos en colegios privados, trasladen a sus hijos a los colegios nacionales. En términos sencillos, muerto el perro no hay rabia.

c) En el ámbito laboral, la Ministra de Trabajo parecía la vocera de los sectores empresariales sin tomar en cuenta que ese sector depende de la mano de obra laboral de quienes no tienen sus derechos garantizados.

d) En el ámbito de la gestión de los fondos previsionales, el Congreso de la República y el Gobierno Nacional tienen posiciones distintas que en una época de incertidumbre genera más caos en las personas que ven reducidos sus fondos, pese a ser los únicos aportantes.

4. El Covid-19 tiene efectos de guerra

De lo detallado hasta el momento es posible observar que estamos ante un contexto de guerra y como tal se deben tomar algunas acciones tanto a nivel de Estado como a nivel de una persona de a pie, esto es, un ciudadano común.

Para ello, es importante detallar algunas referencias:

a) El contexto negativo en lo económico y en lo productivo implicará un año paralizado y el siguiente año con márgenes negativos.

b) El contexto social implicará una severa crisis en las familias disfuncionales, en crisis y con elevadas exigencias de atención debido al número de sus integrantes o porque algunos están en condición de vulnerabilidad (tercera edad o con alguna condición física limitada).

c) Las actividades económicas no prioritarias deberán adaptarse a las nuevas condiciones que impone la realidad económica nacional, porque de lo contrario se incrementará el perjuicio.

Frente a estas situaciones generales, corresponde analizar el punto central de este texto: ¿Qué pasará en las Universidades?

5. El Covid-19 supera a la SUNEDU en la evaluación de la calidad educativa e institucional

Iniciamos este punto final con una referencia: la SUNEDU estaba haciendo una buena gestión en la fiscalización de los servicios universitarios en el país. Una labor que ha demostrado que esta fiscalización debía haberse hecho mucho antes.

Las universidades se han visto obligadas a adaptarse a nuevos patrones de evaluación, sin que ello implique un nivel elevado de calidad pero que permitía en una primera acción de fiscalización, eliminar las entidades que no tenían vinculación con un giro académico.

En este cambio, varias universidades demostraron una capacidad superlativa para afrontar los retos que implica brindar un servicio público esencial como es la formación de profesionales en el país. La PUCP en este proceso de adaptación a nuevos estándares académicos ha estado constantemente mejorando sus ratios de competitividad con universidades de la región. Esto no sucedía hace quince años.

En este mismo ámbito, las universidades privadas han llevado una delantera significativa frente a las universidades públicas, las cuales no han podido superar estándares mínimos con lo cual es posible detallar:

a) La Universidad Nacional de Ica, registraba problemas judiciales provocados por sus propias autoridades.

b) La Universidad Nacional Federico Villareal ha sido una de las últimas en obtener su licenciamiento, algo que provocaba el temor en sus estudiantes.

c) La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo a la fecha no ha logrado obtener su licenciamiento.

Panorama que es similar a muchas entidades privadas como las Universidades Inca Garcilaso de la Vega y Alas Peruanas, donde la gestión de sus Rectores además de negligente era muy contraria a lo académico y profesional. La remuneración absolutamente irracional y las propiedades informales de cada uno de los rectores en ambas universidades permite detallar que la calidad no era un objetivo institucional.

Pero la SUNEDU no había tomado en cuenta el contexto de esta pandemia porque en esencia, nadie lo había previsto a este nivel y magnitud y ante ello deberá redefinir sus propios estándares de evaluación en el mediano plazo porque las consecuencias incidirán en la competitividad entre universidades.

En este sentido, el impacto del Covid-19 en la educación peruana ha permitido detallar:

a) No todas las universidades tenían plataformas digitales optimizadas para asumir un servicio educativo universitario de alta calidad.

Las universidades de alto perfil académico no están teniendo problemas en este ámbito y por eso. la pandemia no es un problema.

En cambio, en universidades con poco historial académico o institucional están registrando problemas que pueden identificar situaciones como:

i. Los profesores están dictando cursos de su especialidad y “ajenos a su especialidad”.

ii. Los profesores están registrando un desnivel significativo frente a la habilidad de los alumnos para asumir una comunicación digital.

iii. Los profesores sin especialización y sin preparación académica basarán sus clases en lo que Google provee.

b) El perfil académico con el seguimiento diligente de los cursos no será equivalente en todas las universidades y probablemente, algunas registren una deserción elevada de alumnos que incidirá en la gestión económica de su presupuesto institucional.

Consecuentemente, esto permitirá detallar:

i. No todas las universidades tienen un régimen laboral que le permita a su personal docente ejercer una actividad a tiempo completo que implique un buen desarrollo personal, académico y profesional.

ii. No todas las universidades ejecutarán actividades de investigación, especialmente porque los factores económicos condicionarán sus presupuestos.

iii. El abandono de clases provocará casos en los cuales ya no se registren alumnos y sí profesores en un aula “virtual”.

c) En el ámbito universitario, los profesores acreditarán su perfil pedagógico y de especialidad, en donde los menos capacitados deberán redefinir su vocación, porque:

i. En las universidades nacionales, la condición laboral de nombramiento, le permitirá a algunos profesores mantener un trabajo (y una remuneración) pero el estudiantado tomará conciencia que ese profesor no es apto para seguir una carrera docente.

ii. Los profesores durante el 2020 no publicarán ni ejecutarán investigaciones con la misma intensidad de otros años porque resulta muy complicado de ejecutarlo.

iii. Pocos profesores alcanzarán a obtener un grado académico de Magister o de Doctor, especialmente porque las unidades de posgrado no han implementado las asesorías virtuales y cuando estas se implementen, generará la contradicción de posiciones entre el investigador y su asesor.

Surge pues un panorama totalmente novedoso y en la cual la selección natural provocada por una pandemia va a incidir en el mundo universitario, proyectándose algunas situaciones, como:

a) La fusión de algunas universidades porque no podrán cumplir su objetivo comercial ante la ausencia de alumnado.

b) El retiro de la docencia de muchos profesores, especialmente porque sus contratos implican una condición económica muy limitada que será motivo suficiente para procurar mejores expectativas de vida profesional.

c) La quiebra de universidades sin un perfil académico de alta calidad, porque no podrá asumir el déficit económico que la pandemia ha provocado y que no será atendida en el mediano plazo.

d) La migración masiva de los alumnos de una universidad de baja calidad académica a otra de un mejor perfil académico, institucional y social, especialmente porque el desarrollo personal y profesional nunca es limitado por un factor exógeno al alumno.

Por tanto, el panorama nos permite detallar que el Covid-19 elevará la calidad del servicio educativo universitario en algunas instituciones que tomarán esta situación de crisis como una plataforma para dar un salto cualitativo que les permita competir en un nuevo modelo universitario y social.

 

Para citar el texto:

Bermúdez-Tapia, M. (2020) ICJ, Lima. El Covid-19 frente a la SUNEDU en la evaluación de la calidad de la educación superior. Página web de ICJ

 

 

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