PRINCIPIOS DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

PRINCIPIOS DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO

 

Los procesos de contratación son guiados por principios de diferentes fuentes normativas, jurisprudenciales, administrativas, jurisdiccionales o constitucionales, así como los principios de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Por ello, los principios que rigen las contrataciones públicas son los siguientes:

1.Principio de promoción del desarrollo humano: 

Con este principio, se indica que la contratación pública debe cooperar  con el desarrollo humano en el ámbito nacional.

2.Principio de moralidad: 

En virtud de esta, todos los actos referidos a los procesos de contratación de las entidades estarán sujetos a valores o reglas como la honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.

3.Principio de libre concurrencia y competencia: 

Este principio exige que los procesos de contrataciones incluyan tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores.

4.Principio de imparcialidad:  

Bajo este principio se exhorta que los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de la entidad se harán conforme a ley; así como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas.

5.Principio de razonabilidad: 

Es aquel principio que permite que en todos los procesos de selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos.

6.Principio de eficiencia: 

Mediante este principio se indica que las entidades efectúen las contrataciones bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega, y con el mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Implica que las contrataciones observen criterios de celeridad, economía y eficacia.

7.Principio de publicidad: 

Permite que las convocatorias de los procesos de selección y los actos que se dicten, sean objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente para garantizar la libre concurrencia de postores.

8.Principio de transparencia: 

Vela porque toda contratación se realice sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentables y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas en la normativa. La convocatoria, el otorgamiento de la buena pro y los resultados deben ser de público conocimiento.

9.Principio de economía: 

Por este principio se debe aplicar en toda contratación los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, evitando exigencias o formalidades costosas.

10.Principio de vigencia tecnológica: 

Mediante este principio se exige que los bienes, servicios o la ejecución de obras reúnan las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos. 

11.Principio de trato justo e igualitario: 

Es el principio que guarda relación con mandatos constitucionales, por lo que todo postor de bienes, servicios o de obras tiene participación y acceso para contratar con las entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas.

12.Principio de equidad: 

Con este principio se exige que las prestaciones y derechos de las partes sean equivalentes y proporcionales, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general.

13.Principio de sostenibilidad ambiental: 

Condiciona a que en toda contratación se apliquen criterios que garanticen la sostenibilidad ambiental, y se eviten impactos ambientales negativos en concordancia con las normas de la materia. 

En consecuencia, son estos 13 principios los que guiarán como criterio interpretativo e integrador para la actuación de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones. Además, algunos de estos principios se encuentran expresamente en la Ley de Contrataciones del Estado Nº 30225 y su reglamento, los demás se desprenden de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Fuente: 

Mesinas Montero, Federico y Muro Rojo, Manuel. Los recursos procedimentales en la contratación estatal. Guía práctica 3: Diálogo con la jurisprudencia. Lima: Gaceta Jurídica, 2010.

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